La Confederación General del Trabajo (CGT) había presentado un Recurso Contencioso Administrativo ante el TSJM contra la decisión de la Delegada del Gobierno que impedía que la manifestación transcurriera por el Paseo del Prado y finalizara en la plaza de Neptuno.
El TSJM indica en su resolución que prima el derecho de manifestación a los posibles problemas de tráfico que puedan sucederse, como argumentaba la Delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, y condena además al pago de las costas procesales a la Delegación del Gobierno que las fija en 600 €.
La CGT se felicita porque no haya prosperado la actitud limitadora y restrictiva del derecho de manifestación como
pretendía la Delegada del Gobierno y señala que en una sociedad democrática el espacio urbano se debe de entender no sólo como ámbito de circulación, sino también como espacio de participación.
Esta resolución deja en evidencia el talante restrictivo de la Delegada del Gobierno en cuanto al libre ejercicio de las libertades sociales y políticas y el nuevo hecho se añade a las recientes actuaciones de las que ha sido protagonista la Delegación del Gobierno en Madrid como han sido las de confundir a los medios de comunicación sobre la legalidad de concentraciones o manifestaciones, las injustificables y brutales cargas policiales contra ciudadanos y periodistas, y la prohibición de una manifestación atea, y que indican que estamos asistiendo a un grave retroceso de los derechos y libertades en la Comunidad de Madrid.
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